Era una cálida tarde de finales de mayo de 2024 en el bajo Manhattan. El jurado del juicio a Donald Trump por el soborno pagado por su exabogado a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels estaba deliberando por segundo día consecutivo.

Suponiendo que nos aguardaba una larga espera, me fui a almorzar con el equipo de la BBC al mundialmente famoso restaurante Katz's para comerme un sándwich Reuben.

Entonces se desató el infierno. El jurado estaba regresando.

Unos rumoreaban que los enviaban, otro día más, de vuelta a su casa; otro rumor sugería que ya tenían un veredicto.

Segundos antes de que saliera al aire el programa BBC News at Ten, llegué sin aliento al punto de transmisión en vivo fuera del juzgado y, con las prisas, estrellé la pantalla de mi teléfono contra el pavimento.

Uno a uno, los veredictos se filtraron: culpable... culpable... culpable... y así sucesivamente.

Se le declaró culpable de los 34 cargos de los que se le acusaba.

Estuve en el principal boletín informativo de esa noche explicando la enormidad de la idea de que un expresidente fuera ahora un delincuente convicto, una primicia en la historia de Estados Unidos.

Como corresponsal principal de la BBC en Norteamérica, pasé meses cubriendo los numerosos problemas legales de Trump en los tribunales de toda la Costa Este. Cuatro casos penales separados; varias acciones civiles; le venían desde todos los frentes, amenazando no solo su libertad sino toda su existencia política y comercial.

Un año después, la situación ha cambiado por completo.

Tres importantes sentencias del Tribunal Supremo —una que otorga a presidentes y expresidentes amplia inmunidad procesal; la segunda que desestima el fallo que establecía que los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 lo descalificaban para volver a presentarse a un cargo; y una tercera, el mes pasado, que limita la capacidad de los jueces de distrito para obstaculizar la agenda del presidente—, han envalentonado a este mandatario que, tras haber remodelado la Corte Suprema con una sólida mayoría conservadora, ahora tiene en la mira a los tribunales inferiores.

Esos jueces federales de distrito —que a menudo emitían fallos sobre políticas migratorias que, según afirmaban, eran de aplicación nacional—, ahora se enfrentan a una embestida frontal por parte de una administración que ha cuestionado su legitimidad y, según algunos, menosprecia su propia autoridad.

La pregunta es: ¿deberían contraatacar para reafirmar su autoridad? Y, de ser así, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Acaso todo esto alterará permanentemente el equilibrio de poderes en Estados Unidos, incluso después del final del mandato de Donald Trump?

"El ataque más grave a la democracia" 

Varios jueces, tanto en activo como retirados, me han dicho que la magnitud del "ataque" no tiene precedentes.

John E. Jones III, exjuez de Pensilvania, nombrado por un presidente republicano y actual presidente del Dickinson College, declaró: "Creo que es justo decir que, en particular, los tribunales de distrito de EE.UU. están siendo atacados por la administración de una manera sin precedentes".

Además de sus pintorescos comentarios por teléfono durante nuestra reciente entrevista, el presidente de EE.UU. ha calificado a los jueces de "corruptos", "monstruos", "trastornados", "lunáticos", "que odian a EE.UU." y de "izquierdistas radicales".

También pidió la destitución de aquellos con quienes discrepa. Y amenazó con demandar a jueces.

Su subdirector de políticas, Stephen Miller, fue aún más directo y declaró que el país vive bajo una tiranía judicial.

"Cada día cambian las normas de las políticas de exterior, economía, de personal y de seguridad nacional del gobierno", publicó en la red social X en marzo. "Es una locura. Es una locura. Es pura anarquía".

"Es el ataque más grave a la democracia. Debe terminar y terminará".

Amenazas de muerte y publicación de información personal

Los jueces se enfrentan a una creciente hostilidad y, en algunos casos, a amenazas de violencia por parte de la gente.

"Están viviendo amenazas que nunca antes habían enfrentado", afirma Nancy Gertner, exjueza federal que ahora imparte clases en la Facultad de Derecho de Harvard. Fue nombrada por el presidente Bill Clinton y ejerció 17 años en la magistratura federal de Massachusetts.

"No hay dudas de que el tipo de oprobio que la administración prodiga contra los jueces con quienes no está de acuerdo es insólito".

La jueza Gertner afirma tener conocimiento de jueces en activo que este año recibieron amenazas de muerte, aparentemente motivadas por el bloqueo o la demora de algunas órdenes ejecutivas del presidente.

No hay indicios de que Trump tuviera conocimiento de las amenazas.