CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La delegación diplomática mexicana en Quito arribó el domingo al país luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rompiera relaciones con Ecuador en rechazo a la irrupción de policías en la embajada de México para detener a un exvicepresidente ecuatoriano que había recibido asilo político.

La inusual acción ecuatoriana desencadenó la condena de más de una veintena de gobiernos extranjeros.

La misión encabezada por la embajadora, Raquel Serur, llegó pasado el mediodía en un vuelo de la aerolínea Aeroméxico al aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde fue recibida por la canciller Alicia Bárcena.

Al condenar enérgicamente la acción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, Bárcena anunció que el lunes México acudirá ante la Corte Internacional de Justicia y otros foros multilaterales y regionales para denunciar que “fue violada flagrantemente la inmunidad de la embajada y del personal diplomático”.

Dentro de la delegación de 18 personas, que incluye a diplomáticos y sus familiares, vino Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, quien resultó lesionado en el cuello tras enfrentar la noche del viernes a los policías cuando entraron por la fuerza a la sede diplomática para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, que residía allí desde diciembre. Había pedido asilo tras ser acusado de cargos de corrupción, una protección que había obtenido unas horas antes.

Serur también reaccionó con dureza y dijo en un breve discurso que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa se “equivocó" al tomar una decisión que aseguró que no sólo rompe con lo establecido por las convenciones internacionales, sino que “implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo”.

“El gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo que no merece el gobierno que tiene actualmente, un gobierno que improvisa y que desconoce el arte de la política y el buen gobierno y la trascendencia del asilo”, agregó.

La embajada de México en Quito permanecerá cerrada indefinidamente y se activarán desde las sedes en Colombia y Chile los servicios consulares para 1.600 ciudadanos mexicanos y empresario radicados en Ecuador, informó la Cancillería.

La Organización de Estados Americanos (OEA) recordó en un comunicado a sus miembros, que incluyen a Ecuador y México, de su obligación de “no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores español indicó en un comunicado el domingo que “la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961", posición que también fue respaldada por Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que “Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y se toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las delegaciones diplomáticas”. Pidió que los dos países resolvieran sus diferencias.

Por su parte, Bolivia convocó a su embajadora en Ecuador para que brinde información sobre lo ocurrido, anotó el presidente Luis Arce el domingo en un mensaje de su cuenta X, antes Twitter, y reiteró que la defensa del carácter inviolable de las sedes diplomáticas es un tema de principios, al igual que “la tradición latinoamericana del asilo”.

Los recintos diplomáticos están considerados como territorio extranjero, son “inviolables” según los tratados de Viena y las fuerzas de seguridad del país anfitrión no están autorizadas a entrar sin permiso del embajador. Personas que han buscado asilo han vivido días y hasta años en embajadas de todo el mundo, incluida la de Ecuador en Londres, que albergó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante siete años sin que la policía británica pudiera ingresar para arrestarlo.

En tanto, Glas fue trasladado el sábado de la oficina del fiscal general en Quito a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde permanecerá retenido en una prisión de máxima seguridad. Gente reunida ante la fiscalía exclamaba “¡fuerza!” cuando el exfuncionario salía en un convoy de vehículos policiales y militares.

La abogada de Glas, Sonia Vera, relató a la AP que los policías irrumpieron en su habitación, pusieron sus manos hacia atrás, ante lo que Glas se resistió y “lo tumbaron al piso, le patearon en la cabeza, en la columna, en las piernas, las manos” y al no poder caminar, “a rastras lo sacaron”.

A la defensa no se le permitió ver a Glas mientras se encontraba en la oficina del fiscal, por lo que prepara un pedio de habeas corpus, agregó.

Las autoridades investigan a Glas por supuestas irregularidades durante su manejo de las tareas de reconstrucción tras un potente sismo en 2016 que mató a cientos de personas. Ha sido condenado por sobornos y cargos de corrupción en otros casos.

La ministra ecuatoriana de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, dijo el sábado a periodistas que la decisión de ingreso a la sede diplomática mexicana fue adoptada por el presidente de Ecuador, ante “un riesgo de fuga inminente” de Glas y tras haber agotado, según aseguró, todas las posibilidades de diálogo diplomático con México.

La especialista en derecho internacional y directora del Observatorio de Derecho y Justicia, María Dolores Miño, advirtió que Ecuador deberá afrontar sanciones inmediatas de carácter político que “no se deben subestimar”.

Miño advirtió que Glas podría demandar al país ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. “El hecho que se le haya arrebatado forzosamente las protecciones de ese estatus, por más que no estemos de acuerdo con esto, es una clara violación a derechos protegidos”, acotó.

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador el año pasado mientras el país enfrentaba unas tasas de delincuencia récord vinculadas al narcotráfico. Declaró que el país está en un “conflicto armado interno” en enero y designó a 20 organizaciones de narcotráfico como grupos terroristas que el ejército tenía autorización de “neutralizar” dentro de los márgenes del derecho humanitario internacional.

Will Freeman, experto en América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios con sede en Estados Unidos, dijo que la decisión de enviar a la policía a la embajada mexicana plantea preocupaciones sobre las medidas que Noboa está dispuesto a tomar para ser reelegido. Su mandato termina en 2025 porque fue elegido para completar el mandato del expresidente Guillermo Lasso.

“De verdad espero que Noboa no esté tomando un rumbo más como el de Bukele”, dijo Freeman en alusión al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuya estrategia de mano dura contra la delincuencia ha sido muy criticada por organizaciones de derechos humanos. “Es decir, menos respetuoso con el estado de Derecho para conseguir un impulso en su popularidad antes de las elecciones”.