NUEVA YORK (AP) — Un tribunal de apelaciones de Nueva York acordó el lunes suspender el cobro de la sentencia por fraude civil de 454 millones de dólares del expresidente Donald Trump, si el mandatario aporta 175 millones de dólares en un plazo de 10 días.

Si lo hace, detendrá el reloj de la recaudación y evitará que el estado confisque los activos del presunto candidato presidencial republicano mientras apela.

El suceso se produjo justo antes de que se esperaba que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, iniciara los esfuerzos para cobrar la sentencia.

Se enviaron mensajes en busca de comentarios a la oficina de James y a los abogados de Trump.

Los abogados de Trump habían pedido a un tribunal estatal de apelaciones que detuviera el cobro, alegando que era "una imposibilidad práctica" conseguir que un suscriptor firmara una fianza por una suma tan grande.

El fallo fue emitido por el tribunal intermedio de apelaciones del estado, la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado, donde Trump está luchando para anular el fallo de un juez del 16 de febrero de que mintió sobre su riqueza mientras crecía el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y a la presidencia.

Después de que James ganó el juicio, no buscó hacerlo cumplir durante un tiempo de espera legal para que Trump pidiera a la corte de apelaciones un aplazamiento del pago.

Ese período terminó el lunes, aunque James podría haber decidido darle más tiempo a Trump.

James, una demócrata, le dijo a ABC News el mes pasado que si Trump no tiene el dinero para pagar, ella buscaría confiscar sus activos y estaba "preparada para asegurarse de que se pague la sentencia".

No detalló el proceso ni especificó a qué participaciones se refería, y su oficina se ha negado más recientemente a discutir sus planes. Mientras tanto, ha presentado la notificación de la sentencia, un paso técnico hacia la posibilidad de pasar a cobrar.

Cuando Trump llegó el lunes a una corte diferente de Nueva York para una audiencia separada en su caso penal de dinero por silencio, no respondió a la pregunta de un periodista sobre si había obtenido una fianza. Más temprano el lunes, criticó en las redes sociales la sentencia civil y la posibilidad de que James busque hacerla cumplir.

Presentando el caso como un complot de los demócratas, el expresidente afirmó que estaban tratando de tomar su dinero para matar de hambre su campaña de 2024.

"Tenía la intención de usar gran parte de ese dinero ganado con tanto esfuerzo para postularme a la presidencia. No quieren que haga eso: ¡INTERFERENCIA ELECTORAL!", escribió en su plataforma Truth Social. Refiriéndose a sus propiedades como "mis 'bebés'", se enfureció ante la idea de verse obligado a venderlas o verlas embargadas.

La incautación de activos es una opción legal común cuando alguien no tiene el dinero en efectivo para pagar una multa de la corte civil. En el caso de Trump, los objetivos potenciales podrían incluir propiedades como su penthouse en la Torre Trump, aviones, un edificio de oficinas en Wall Street o campos de golf.

El fiscal general también podría ir tras sus cuentas bancarias y de inversión. Trump sostuvo en las redes sociales el viernes que tiene casi 500 millones de dólares en efectivo, pero que tiene la intención de usar gran parte de ellos en su carrera presidencial. Ha acusado a James y al juez del estado de Nueva York Arthur Engoron, quien también es demócrata, de buscar "quitarme el dinero para no poder usarlo en la campaña".

Una posibilidad sería que la oficina de James pasara por un proceso legal para que la policía local confiscara las propiedades y luego buscara venderlas. Pero esa es una perspectiva complicada en el caso de Trump, señaló Stewart Sterk, profesor de derecho inmobiliario en la Facultad de Derecho Cardozo.

"Encontrar compradores para activos de esta magnitud es algo que no sucede de la noche a la mañana", dijo, señalando que en cualquier subasta ordinaria, "las posibilidades de que la gente pueda ofertar hasta el valor real de la propiedad son bastante escasas".

La deuda de Trump se deriva de un juicio civil de meses el otoño pasado por las acusaciones del estado de que él, su compañía y altos ejecutivos inflaron enormemente su riqueza en los estados financieros, estafando a banqueros y aseguradoras que hicieron negocios con él. Las declaraciones valoraron su penthouse durante años como si fuera casi tres veces su tamaño real, por ejemplo.

Trump y sus coacusados negaron haber actuado mal, diciendo que las declaraciones en realidad menospreciaron su fortuna, vinieron con descargos de responsabilidad y no fueron tomadas al pie de la letra por las instituciones que le prestaron o aseguraron. La discrepancia en el ático, dijo, fue simplemente un error cometido por los subordinados.

Engoron se puso del lado del fiscal general y ordenó a Trump pagar 355 millones de dólares, más intereses que crecen diariamente. Algunos coacusados, incluidos sus hijos y los vicepresidentes ejecutivos de la compañía, Donald Trump Jr. y Eric Trump, fueron condenados a pagar cantidades mucho menores.

Según la ley de Nueva York, la presentación de una apelación generalmente no retrasa la ejecución de una sentencia. Pero hay una pausa automática si la persona o entidad deposita una fianza que cubre lo que se debe.

Los abogados del expresidente han dicho que es imposible que haga eso. Dijeron que los suscriptores querían el 120% de la sentencia y no aceptarían bienes raíces como garantía. Eso significaría inmovilizar más de 557 millones de dólares en efectivo, acciones y otros activos líquidos, y la compañía de Trump necesita algo sobrante para administrar el negocio, dijeron sus abogados.

Los abogados de Trump han pedido a un tribunal de apelaciones que congele el cobro sin que él pague una fianza. La Procuraduría General de la República se ha opuesto.