El conjunto de reformas a la Constitución ratificadas por el Congreso de El Salvador este jueves sigue causando polémica.

Los cambios incluyen la reelección presidencial indefinida en el país centroamericano, una extensión del período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta en las elecciones.

Esto le permitirá al presidente Nayib Bukele, quien a sus 44 años ejerce su segundo mandato, postularse un número ilimitado de veces.

El máximo tribunal de El Salvador, que está compuesto por jueces respaldados por Bukele, dictaminó en 2021 que era un derecho humano del líder postularse nuevamente.

Tras la aprobación de las reformas, el presidente salvadoreño no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de que busque un tercer periodo presidencial.

"Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura", escribió en la red social X.

Los defensores de las reformas afirman que otorgan más poder al pueblo.

"El poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño", dijo la vicepresidenta del Congreso, la diputada Suecy Callejas de Nuevas Ideas,

Nayib Bukele se reeligió como presidente de El Salvador en febrero de 2024.

Una medida que puede deteriorar la democracia

La reelección presidencial indefinida, para expertos en la materia, puede deteriorar la democracia en tanto pone en riesgo la alternancia en el poder.

Nayib Bukele se reeligió como presidente de El Salvador en febrero de 2024 con el 82,8% de los votos, a pesar de que la Constitución del país prohibía expresamente la reelección.

Para ello, Bukele contó con el apoyo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada en su mayoría por jueces favorables a él, que dispuso que el mandatario sí podía reelegirse.

A pesar de su popularidad, Bukele sigue siendo una figura controvertida.

Si bien su ofensiva contra la delincuencia ha provocado una disminución de las tasas de homicidios, grupos de derechos humanos afirman que miles de personas han sido arrestadas arbitrariamente durante su campaña antipandillas.

Se estima que unas 75.000 personas han sido detenidas en virtud de las medidas de excepción que se han prorrogado reiteradamente.

En un informe de diciembre, Amnistía Internacional criticó la "reemplazo gradual de la violencia de las pandillas por la violencia estatal".