La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) anunció este viernes que presentó una demanda contra el Gobernador Pedro R. Pierluisi en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para anular la Ley 10-2024 y así permitir que el Negociado de Energía de Puerto Rico continúe operando libre de influencia política. 

La Ley 10, según la JSF, socava la autonomía del Negociado de Energía y, al hacerlo, interfiere con la experiencia del Negociado para servir a los deseos de intereses particulares. El propósito de la acción de la Junta es restaurar la capacidad del Negociado de Energía para regular el sistema energético de Puerto Rico. 

"El Gobierno de Puerto Rico creó y fortaleció el Negociado de Energía para supervisar el sistema energético después de años de mala gestión política que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a la bancarrota y dejaron a Puerto Rico con una red eléctrica en ruinas", dijo el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica, Jr. 

La Junta aseguró que esta acción no busca ponerle fin a la medición neta. 

"Esta acción busca únicamente eliminar las restricciones corrosivas y peligrosas motivadas políticamente sobre el Negociado de Energía, que amenazan con socavar el progreso que el Negociado de Energía ha logrado en los últimos años en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Invalidar la Ley 10 no cambiaría los términos para aquellos clientes de la AEE que ya han instalado paneles solares", lee el comunicado.