CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los desafíos de la futura presidenta de México, la primera mujer en el poder, son muchos y profundos, entre los que están la violencia de los cárteles, la polarización del país, el costo de mantener los programas sociales y la larga sombra de su mentor, el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador.

Pero para algunos analistas la mayoría gira en torno a tres conceptos: dinero, diálogo y lo que pueda pasar en las próximas elecciones de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum, que empezará su mandato de seis años el próximo 1 de octubre, tiene por delante cuatro meses para definir su programa de gobierno. En ese tiempo, López Obrador ofrecerá unas 80 conferencias matutinas en las que se espera que intente concretar su legado.

Esta convivencia no se apunta sencilla: él polarizó la sociedad, ella habla de “diálogo” y “armonía”; él es un líder de masas, ella una académica y científica. Tampoco lo será mantener el equilibrio entre la continuidad con el legado de López Obrador y la posibilidad de ajustar algunas de sus políticas más polémicas, como la de seguridad o la energética.

López Obrador afirmó el lunes que no influirá en el gobierno de su sucesora y que no aspira “a ser líder moral, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique” .Sí dijo que habrá diálogo entre ellos para facilitar la transición e incluso dejó abierta la posibilidad de hacer algún viaje juntos pero garantizó que cuando entregue la presidencia se jubilará de la política y de la vida pública para dedicarse a “platicar con los árboles, convivir con los pájaros”.

Sin embargo, fue él quien anunció el lunes por la mañana al primer miembro del gabinete de Sheinbaum al decir que que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se mantendrá en el cargo para dar tranquilidad a los mercados. Horas después, Sheinbaum lo confirmó.

Un primer problema económico es si tendrá dinero para continuar con los programas sociales actuales —que suponen en torno al 11,5% del PIB— puesto que México ya tiene un gran déficit público de casi 6% que Hacienda quiere reducir. “Va a haber recortes y eso lo tiene que votar esta nueva legislatura”, dijo Isidro Morales, académico experto en Economía y Relaciones Internacionales.

“Se necesita una reforma fiscal, si no la hay, Claudia va a estar atada de manos”, agregó, porque México ya no cuenta con muchos ingresos petroleros que antes eran una importante fuente de divisas.

La estatal Petróleos Mexicanos, símbolo del nacionalismo más acérrimo de López Obrador pero también de años de corrupción y que mantiene un modelo energético contaminante que el mundo quiere revertir, no deja de perder dinero.

Los analistas consideran que es una de las grandes líneas rojas que Sheinbaum, una científica climática que aboga por las energías limpias, no podrá tocar porque los trabajadores del sector fueron un importante apoyo electoral, como demostraron las muchas pancartas de su cierre de campaña en las que se leía “petroleros”.

Además, el periodo de traspaso de poder se dará en plena campaña electoral de Estados Unidos, el principal socio comercial de México y cuyas políticas de seguridad e inmigración están totalmente interrelacionadas al compartir más de 3.000 kilómetros de frontera.

La reelección del demócrata Joe Biden o el regreso del republicano Donald Trump el próximo 5 de noviembre será “la variable real que modificará escenarios”, explicó Carlos A. Pérez Ricart, profesor del CIDE, un centro de investigación público mexicano.

La razón por la que esas votaciones influirán tanto en territorio mexicano es simple: que gane uno u otro no sólo puede condicionar la política contra el crimen organizado, la comercial o la migratoria sino decisiones internas de México como el papel del ejército, dado que Washington podría trasladar ciertas peticiones a cambio de otras.

Sheinbaum estudió en Estados Unidos, habla inglés y entiende la política de ese país, lo que haría pensar en un mejor entendimiento con Washington, pero nadie puede controlar la variable Trump, con quien López Obrador se llevaba estupendamente porque compartían un estilo de hacer política aunque desde extremos políticos distintos.

El problema, consideran los expertos, es que tanto en el tema migratorio como en la lucha contra los cárteles, la futura presidenta no ha propuesto nada nuevo y las políticas de la actual administración sólo han controlado tímidamente el flujo de migrantes hacia el norte y no han contenido la violencia.

Los centros especializados en temas de crimen organizado consideran que la prioridad de México a la hora de combatir la inseguridad y la impunidad debería ser a través del fortalecimiento de las policías civiles y de las fiscalías, pero López Obrador optó por la política de no confrontación directa con los cárteles y por la militarización, una opción que tampoco frenó la violencia.

Además, dar a las Fuerzas Armadas más tareas que nunca, desde la seguridad a la construcción o gestión de grandes infraestructuras, generó muchas inquietudes porque no pueden ser sometidas a mecanismos de rendición de cuentas.

En este terreno, tampoco está claro qué querrá y qué podrá cambiar Sheinbaum o cuáles podrían ser las presiones de los militares sobre ella. Una de sus ventajas, según el experto en temas castrenses Juan Ibarrola, es que será la mandataria que llegue al poder con más información sobre los militares debido a la cercanía de López Obrador con ellos.

De momento, Sheinbaum ha dicho que mantendrá los proyectos estratégicos del país, muchos en manos del ejército como el polémico Tren Maya que ha arrasado con parte del entorno natural del sureste del país.

Combatir la polarización implicaría acercamientos con ecologistas, científicos, feministas, académicos, periodistas o defensores de derechos humanos contra los que arremetió con dureza un López Obrador, que rechaza toda crítica.

Y, lógicamente, también diálogo con los partidos de oposición.

Ahora, Morena o sus socios gobernarán en 24 de los 32 estados —el domingo ganaron uno más, según datos aún preliminares— y aunque el reparto final de legisladores no se ha oficializado todavía, el partido oficialista y sus socios (el Verde y el Partido del Trabajo) contarán con mayoría calificada en el Congreso y podrían conseguirla con facilidad en el Senado, lo que les permitiría cambiar la Constitución a su gusto.

Algunas reformas, que Sheinbaum ha defendido, ya están en el Congreso porque López Obrador las presentó en febrero aun sabiendo que entonces no contaba con los diputados suficientes para aprobarlas. Cuando se conforme la nueva legislatura el 1 de septiembre serán previsiblemente los primeros temas a debatir.

Entre estas propuestas hay algunas tan polémicas como eliminar organismos reguladores —como el antimonopolio o el de transparencia—, que los jueces sean elegidos por voto popular o un nuevo intento para que la Guardia Nacional quede en manos del Ejército, aunque la Suprema Corte de Justicia ya dijo que eso era inconstitucional.

Georgina de la Fuente, investigadora de temas legislativos del Tecnológico de Monterrey, una universidad privada, advirtió que el Congreso podría intentar sacar adelante todas esas propuestas antes de que López Obrador deje el poder gracias al “apoyo abrumador” logrado por Morena y sus socios.

Sin embargo, para la académica lo adecuado es que los cambios a la carta magna se debatan siempre con tranquilidad en las comisiones parlamentarias y en foros abiertos en lugar de querer aprobarlos apresuradamente, como hizo en el pasado el presidente con leyes que luego fueron impugnadas en los tribunales por fallos en el proceso legislativo.

“Tenemos que ver si Sheinbaum se va a apartar de esa manera de hacer política de la aplanadora o si va a continuar con el tono conciliatorio (expresado en sus primeros mensajes tras la victoria) para que las reformas se puedan procesar de la manera adecuada”, afirmó De la Fuente.