SANTA FE, Nuevo México (AP) — Se ha alcanzado un acuerdo en una demanda civil que reclamaba una indemnización a tres miembros de una familia por balear a un activista indígena estadounidense en el norte de Nuevo México, en confrontaciones en torno a la estatua de un conquistador español y los planes cancelados de volver a exponerla en público, según indicaron documentos judiciales el martes.

El tiroteo en septiembre de 2023 causó heridas graves a Jacob Johns, de Spokane, Washington, un activista experimentado en causas medioambientales y defensor de los derechos de los indígenas estadounidenses, que tiene ascendencia hopi y akimel o’odham. Su abogado, John Day, confirmó el acuerdo y dijo que los términos eran confidenciales.

Un único disparo provocó escenas de caos entre la multitud reunida al aire libre en Española por los planes de instalar una escultura de bronce del conquistador Juan de Oñate, que provoca tanto veneración como rechazo por su papel en la formación de asentamientos antiguos en el tramo superior del río Bravo a partir de 1598.

Johns presentó una demanda en enero reclamando una indemnización a Ryan Martinez, de 23 años y residente en Sandia Park, que está retenido sin posibilidad de fianza bajo cargos de intento de asesinato, agresión y supuestamente apuntar un arma a una mujer en la protesta. La demanda civil también acusó a los padres de Martinez de negligencia e indiferencia con agravantes por ignorar el “comportamiento peligroso y excepcionalmente perturbador” con las armas que mostraba su hijo, que vivía en su casa.

Un abogado de la familia Martinez no respondió a mensajes en un primer momento.

La familia ha negado tener responsabilidad sobre lo ocurrido, mientras que Martinez se ha declarado no culpable en la corte estatal por los cargos penales. La fiscalía quiere establecer agravantes intentando demostrar que el tiroteo estuvo motivado por prejuicios contra un grupo social concreto.

Numerosos líderes indígenas estadounidenses en Nuevo México y otros lugares condenaron el tiroteo, ocurrido en un espacio público donde activistas de los derechos indígenas se habían reunido para celebrar con canciones, oraciones y discursos la decisión del condado de no instalar la estatua ese día.

Un abogado de la defensa dijo que Martinez había temido por su vida tras ser derribado al suelo cuando sacó un arma oculta para la que tenía licencia. Sin embargo, el juez consideró que había causa suficiente para celebrar un juicio tras revisar imágenes del suceso grabadas por cámaras de seguridad y un celular y señalar que Martinez había llegado con armas cargadas y debía haber sabido que estaba provocando a una multitud con opiniones contrarias a la suya.

El juicio de Martinez está programado para julio, y Johns es uno de los docenas de posibles testigos citados por la fiscalía. La fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies dirige personalmente la acusación, aunque el 4 de junio se enfrenta al aspirante demócrata Marco Serna en unas elecciones primarias. No hay candidatos rivales para las elecciones nacionales.

Oñate, que llegó a lo que ahora es Nuevo México en 1598, es recordado como una figura paternal en poblaciones del curso alto del Río Bravo de descendientes de colonos españoles. Pero también es repudiado por su brutalidad.

Para los indígenas estadounidenses, Oñate es conocido por haber ordenado que se cortara el pie derecho a 24 guerreros tribales cautivos después de que sus soldados asaltaran la “ciudad del cielo”, de Acoma Pueblo, situada en lo alto de una formación geológica conocida como mesa. Ese ataque fue desencadenado por la muerte del sobrino de Oñate.