CIUDAD DE MÉXICO (AP) — De acuerdo con versiones del gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y miembros de su círculo íntimo han sido blanco de varias conspiraciones desde el año pasado que podrían haberlos herido o algo peor.

Se han dado a conocer pocos detalles sobre los supuestos complots. Pero el gobierno los ha citado en los arrestos de más de 30 personas desde enero, incluido el de una destacada abogada de derechos humanos y empleados de la principal candidata presidencial de la oposición.

Grupos no gubernamentales locales e internacionales, las Naciones Unidas y gobiernos extranjeros han descrito la represión como un pretexto para sofocar a la oposición política antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que Maduro, en el poder desde 2013, buscará un nuevo mandato de seis años.

Los últimos arrestos se llevaron a cabo el miércoles poco antes de que el fiscal principal del país anunciara órdenes de arresto para nueve personas que trabajaban en la campaña de la candidata María Corina Machado, a quienes acusó de participar en una conspiración.

 Oscar Murillo, coordinador general del grupo venezolano de derechos humanos Provea, refirió que los funcionarios coordinan acciones de la policía, el ejército y los grupos cívicos para reprimir cualquier actividad antigubernamental.

“Esto se ha traducido en una mayor represión política y en una profundización de la política de persecución que busca quebrar la sociedad civil en un escenario donde quizá lo idóneo sería estar hablando de aquellas políticas públicas que harían falta en Venezuela para revertir la pobreza o la desigualdad”, dijo Murillo.

Tarek William Saab, el fiscal general, ha descrito los complots de diversas formas y dirigidos a atacar instalaciones militares, matar a Maduro y a otros funcionarios y desestabilizar el país. Ha presentado públicamente supuestas confesiones, documentos de planificación, computadoras portátiles y otros elementos que ha caracterizado como pruebas.

Saab acusó el miércoles a los nueve miembros de la oposición, incluida la jefa de campaña de Machado, de ser parte de complots “desestabilizadores” que incluían manifestaciones, una campaña mediática y planes para atacar cuarteles militares. Dijo que dos de las nueve personas, Dignora Hernández y Henry Alviárez —coordinadora política y coordinador nacional de Machado, respectivamente— ya habían sido arrestadas.

Los arrestos de Hernández y Alviárez elevan al menos a seis el número de empleados de Machado detenidos por su presunta participación en las conspiraciones que el gobierno afirma haber frustrado.

Permitir que Machado —partidaria del libre mercado— se postule en las elecciones de julio ofrecería a Venezuela su mejor oportunidad de una contienda presidencial competitiva porque ningún otro candidato tiene ni de cerca su nivel de apoyo, dinero o maquinaria política para desafiar a Maduro. Pero el gobierno autodenominado socialista le ha prohibido ocupar cargos públicos durante 15 años, una orden administrativa confirmada por el tribunal superior del país en enero.

Otros miembros de la oposición venezolana han instado a Machado a hacerse a un lado para que otro contendiente ocupe su lugar, pero ella ha insistido en continuar con su candidatura, tal vez con la esperanza de que la presión internacional pueda obligar al establishment de Venezuela a ceder en la prohibición.

“Si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar y dejar sola, ténganlo claro: mi equipo es Venezuela”, dijo a los periodistas el miércoles. Añadió que su campaña continúa organizándose en todo el país y espera “mucho más que buenos deseos” de la comunidad internacional.

Machado defendió a su personal y aseguró que todas las acusaciones en su contra son falsas.

El gobierno no ha hecho público ningún documento oficial que detalle las acusaciones contra las decenas de acusados en los casos de conspiración. Bajo la ley venezolana, las audiencias judiciales son abiertas, pero en la práctica a personas, periodistas y, a veces, incluso a los abogados elegidos por los acusados se les prohíbe la entrada a la sala del tribunal.

Maduro ha alegado que el gobierno de Estados Unidos está detrás de los planes para asesinarlo.

Entre las decenas de personas detenidas a principios de este año por acusaciones derivadas de las supuestas conspiraciones se encuentra también la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, a quien Saab ha identificado como “espía” de una de las conspiraciones. El fiscal general también la acusó de tener más de una docena de mapas que resaltaban ubicaciones militares secretas que no debería conocer.

“¿El Estado debe bajar la guardia y dejar que ocurran estas operaciones para bañar de sangre al país?”, dijo Saab días después del arresto de San Miguel el 9 de febrero.

El abogado de San Miguel, Juan González, dijo que no se le ha permitido verla desde su arresto, pero que ella negó todas las acusaciones durante una audiencia inicial.

Las detenciones del miércoles se produjeron horas después de que un panel independiente de expertos que investigan violaciones de derechos humanos en Venezuela dijera al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el gobierno de Maduro había incrementado los esfuerzos de represión contra opositores reales o percibidos previo a las elecciones presidenciales de este año.

“La misión constata que, como ya ha ocurrido en el pasado, las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno”, dijo Marta Valiñas, jefa del panel, al consejo que autorizó la misión de investigación. “Al mismo tiempo, el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”.

El año pasado, el panel informó que el gobierno de Maduro utilizaba campañas difamatorias, detenciones, procedimientos penales arbitrarios e incluso tortura para restringir las libertades democráticas antes de las elecciones.

“En algunos casos, los actos de tortura o malos tratos tenían como objetivo obtener confesiones inventadas o declaraciones falsas”, dijo el panel en su informe.

Maduro se convirtió en presidente interino en marzo de 2013 tras la muerte del carismático líder Hugo Chávez. Ganó las elecciones por un estrecho margen semanas después y fue reelegido en 2018 en un proceso electoral ampliamente criticado como fraudulento.

El país no ha estado exento de conspiraciones contra el gobierno en el pasado.

Menos de tres meses después de su reelección, Maduro vinculó a líderes de la oposición con lo que el gobierno describió como un intento de asesinato contra el presidente en el que drones con explosivos detonaron cuando pronunciaba un discurso en vivo por televisión. En 2020, su gobierno frustró un intento de invasión armada para derrocarlo, esfuerzo que terminó con seis insurgentes muertos y dos ex Boinas Verdes de Estados Unidos tras las rejas.

La última oleada de arrestos amenaza con desmoronar un acuerdo político negociado el año pasado entre el gobierno de Estados Unidos, la facción opositora que este respalda y Maduro.

El acuerdo de octubre se centró en las condiciones para una elección libre y justa y le otorgó a Maduro cierto alivio de las sanciones económicas de Estados Unidos a los sectores de petróleo, gas y minería del país. Pero las esperanzas de unas condiciones más equitativas comenzaron a desvanecerse poco después y Estados Unidos revocó el alivio a la industria minera de oro por lo que considera un incumplimiento por parte de Maduro.

El gobierno del presidente Joe Biden le ha dado a Maduro hasta finales de abril para cumplir con el acuerdo o esperar que regresen las sanciones, lo que perjudicaría la economía del país, que depende del petróleo.

Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo a principios de este mes a los asistentes a un panel de un grupo de expertos con sede en Washington que los “incentivos” que Estados Unidos y otros países han propuesto “no han sido suficientes para motivar” a Maduro a avanzar hacia una elección competitiva. El miércoles pidió la liberación inmediata de “todos los detenidos injustamente”.

“Los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, tuiteó Nichols.