UVALDE, Texas, EE.UU. (AP) — Una investigación que ordenó el gobierno de la ciudad de Uvalde sobre la masacre en la Escuela Primaria Robb defendió la respuesta de la policía local a ese tiroteo en el que 19 alumnos y dos maestras fueron asesinados, lo que provocó que desde la audiencia se oyeran gritos de “¡cobardes!” y que muchos familiares de las víctimas abandonaran molestos la sesión del consejo municipal.

El informe reconoció una serie de errores durante la fallida respuesta al ataque de 2022, y reiteró los traspiés en cadena que ya habían quedado expuestos en investigaciones del Departamento de Justicia y legisladores estatales. Casi 400 agentes policiales, incluidos elementos del Departamento de Policía de Uvalde, se presentaron en el lugar, pero aguardaron más de una hora para confrontar al agresor, un adolescente armado con un fusil de asalto tipo AR.

Pero un investigador contratado por las autoridades de Uvalde encontró que los agentes de la ciudad no infringieron las políticas y, en algunos casos, elogió sus acciones durante una de las peores masacres escolares en la historia de Estados Unidos. La presentación provocó una reacción airada entre algunos de los familiares de las víctimas, quienes también reprendieron al investigador por salir del recinto antes de que ellos tuvieran oportunidad de interpelarlo.

“Usted dijo que lo hicieron de buena fe. ¿A usted le parece que eso es buena fe? Estuvieron ahí parados 77 minutos”, dijo Kimberly Mata Rubio, cuya hija fue asesinada en el ataque, después de que la presentación concluyó.

Jesse Prado, investigador residente de Austin y exdetective policial que realizó el informe para el Consejo Municipal de Uvalde, inició su presentación describiendo las fallas en la respuesta de los agentes locales, estatales y federales en el lugar aquel día: problemas de comunicación, entrenamiento deficiente para enfrentar situaciones donde hay un hombre armado activo, falta de equipo disponible y retrasos en la irrupción en el aula.

“Hubo problemas todo el día con la comunicación y la falta de ella. Los agentes no tenían forma de saber lo que se planeaba, lo que se decía”, dijo Prado. “Si hubieran tenido un escudo antibalas, éste habría bastado para que llegaran hasta la puerta”.

El informe municipal es sólo una de las distintas investigaciones sobre la masacre, incluido el informe del Departamento de Justicia publicado en enero en el que se critican las “fallas en cascada” de los policías que respondieron a la emergencia.

A las fuerzas policiales les tomó más de una hora entrar en el aula y abatir al agresor, incluso mientras los niños dentro de los salones de clase llamaban al número de emergencias 911 para suplicar que la policía los rescatara.

Pero Prado dijo que su revisión indicaba que los agentes mostraron “fuerza inconmensurable” y “pensamiento sensato” mientras se enfrentaban a los disparos del agresor y se abstenían de abrir fuego hacia un aula que estaba en la oscuridad.

“Les estaban disparando a ocho pies (2,4 metros) de la puerta”, subrayó Prado.

Prado dijo también que los familiares que se presentaron al lugar obstaculizaron los intentos para establecer una cadena de mando, ya que los agentes policiales tenían que controlar a los padres que intentaban ingresar al edificio o que les rogaban a los policías que entraran.

“Por momentos fueron difíciles de controlar”, dijo Prado. “Querían pasar a través de las barricadas de la policía”.

Los familiares expresaron su indignación cuando Prado dejó el lugar brevemente luego de su presentación.

“¡Tráiganlo de regreso!”, gritaron varios de ellos.

Prado volvió, tomó asiento y escuchó cuando los familiares de las víctimas rompieron en llanto y criticaron el informe, al ayuntamiento y a los agentes que acudieron al lugar del tiroteo aquel día.

“Dieron a mi hija por muerta”, señaló Rubén Zamorra. “Estos policías fueron contratados para hacer un trabajo. No lo hicieron”.

Una investigación penal de la oficina de la fiscal de distrito de Uvalde, Christina Mitchell, sobre la respuesta policial en la masacre de mayo de 2022 continúa abierta. Este año se convocó a un jurado investigador y ya se ha solicitado el testimonio de algunos agentes policiales.

Aún persisten tensiones entre las autoridades municipales de Uvalde y la fiscal local, mientras que la comunidad — de más 15.000 habitantes y ubicada a unos 140 kilómetros (85 millas) al suroeste de San Antonio — sigue traumatizada y dividida en cuanto a la rendición de cuentas.

Héctor Luévano, un concejal de Uvalde, dijo que el informe de la ciudad lo hizo sentirse “avergonzado” e “insultado”.

“Estas familias merecen más. Esta comunidad merece más”, declaró. “No acepto este informe”.

En enero, el Departamento de Justicia dio a conocer un informe de casi 600 páginas que reveló enormes fallas de la policía, incluido el haber actuado “sin urgencia” para establecer un puesto de mando, asumir que el sospechoso estaba parapetado a pesar de que el tiroteo continuaba, y comunicar información imprecisa a los familiares en duelo.

“Si las agencias policiales hubieran seguido las prácticas generalmente aceptadas en situaciones de hombres armados activos y hubieran ido tras el agresor y lo hubieran detenido, se habrían salvado vidas y personas habrían sobrevivido”, dijo el secretario de Justicia Merrick Garland cuando se dio a conocer el informe federal.

El Departamento de Justicia informó que, 48 minutos después de que el agresor ingresó a la escuela, el jefe interino del Departamento de Policía de Uvalde, Mariano Pargas, “seguía sin proporcionar instrucciones, órdenes ni control al personal”.

El informe de la ciudad destaca que el equipo táctico SWAT de la agencia no había tenido entrenamientos constantes desde antes de la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020. Tres agentes de la policía local que estuvieron en el corredor de la escuela durante el tiroteo “eran los líderes del escuadrón SWAT y los de mayor experiencia en el Departamento de Policía de Uvalde”.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, elogió en un principio la respuesta policial, señalando que el motivo por el que la balacera “no fue peor fue porque los agentes de policía hicieron lo que saben”. Dijo que los agentes se habían puesto en el camino de los disparos para salvar vidas.

Pero en las semanas posteriores al tiroteo, esa historia cambió luego de que información difundida por los medios de comunicación y los hallazgos de los legisladores dejaron al descubierto los errores en la respuesta de la policía.

Al menos cinco agentes que estuvieron presentes en la escuela han perdido sus empleos, incluidos dos miembros del Departamento de Seguridad Pública y el comandante en jefe en el lugar, Peter Arredondo, exjefe de la policía escolar. Ningún agente ha enfrentado cargos penales.