Las detenciones son resultado de un operativo realizado este viernes en la ciudad de Esmeraldas.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, informaron de la captura de dos "terroristas", considerados "cabecillas de alto valor", durante un operativo llevado a cabo en la madrugada de este sábado en la ciudad de Esmeraldas, en el norte del país.

Uno de ellos es Sebastián M., alias 'La S', quien "ordenaba muertes violentas a través de sicarios", y el otro es alias 'La A' e identificado como Angelo L., el segundo al mando de un grupo criminal. En el lugar se decomisó, entre otro material, un taco de dinamita precisó en un comunicado la Policía.

Ambos pertenecerían a los Gánster, una banda delincuencial incluida en el decreto firmado esta semana por el presidente, Daniel Noboa, que declara "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes" a varios grupos criminales.

En un allanamiento simultáneo a un inmueble utilizado como "centro de acopio de armas de fuego" también se detuvo a alias 'Chuky', integrante de otro de los grupos considerados terroristas en el país. En su poder se encontraron un revólver de fabricación artesanal y otro de fabricación industrial, además de cartuchos.

En otra acción de las fuerzas del orden, las autoridades registraron una hacienda de un sector rural cerca de Esmeraldas, que al parecer servía como escondite de "terroristas" también considerados de alto valor. En la propiedad se encontraron varias armas de fuego y se "destruyó un santuario de la santa Muerte", entidad sobrenatural objeto de culto en varios países y considerada por algunas religiones diabólica. Este jueves, las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron de la captura de alias 'Chiquito', cabecilla de la banda los Tiguerones.

El jefe delincuencial fue apresado en la ciudadela Bendición de Dios, de la provincia de Esmeraldas, luego de un enfrentamiento armado entre efectivos militares y "terroristas". Las recientes detenciones se han producido en el contexto del estado de excepción declarado por el Gobierno ante la crisis de seguridad y la violencia en las cárceles.