Trump ha criticado los fallos judiciales desfavorables, y en un caso pidió la destitución de un juez federal en Washington que ordenó que se diera la vuelta a aviones llenos de inmigrantes deportados. Eso llevó a una declaración extraordinaria del presidente de la Corte Suprema federal, John Roberts, quien dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

Entre los jueces indiciados en la demanda se encuentra Paula Xinis, quien ha calificado de ilegal la deportación de Kilmar Ábrego García a El Salvador por parte del gobierno. Los abogados de Ábrego García han pedido a Xinis que imponga multas al gobierno por desacato, argumentando que desatendió órdenes judiciales durante semanas para devolverlo a Estados Unidos.

La orden firmada por Russell dice que tiene como objetivo mantener las condiciones existentes y la posible jurisdicción del tribunal, garantizar que los peticionarios inmigrantes puedan participar en los procedimientos judiciales y acceder a abogados, y dar al gobierno “una oportunidad completa para presentar argumentos en su defensa”.

En una orden enmendada, Russell dijo que el tribunal había recibido una afluencia de peticiones de hábeas corpus en pocas horas que “resultaron en audiencias apresuradas y frustrantes en las que obtener información clara y concreta sobre la ubicación y el estado de los peticionarios es elusivo”.

El gobierno de Trump ha pedido a los jueces de Maryland que se recusen del caso. Quiere que un secretario haga que un juez federal de otro estado lo escuche.

James Sample, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Hofstra, describió la demanda como parte de la erosión de las normas legales por parte del gobierno. Normalmente, las partes que están del lado perdedor de una orden judicial apelan la orden, no demandan al tribunal o a los jueces, dijo.

Por un lado, dijo, el Departamento de Justicia tiene razón en que las órdenes judiciales deben considerarse un alivio extraordinario; es inusual que se concedan automáticamente en toda una clase de casos. Pero señaló que fueron las propias acciones del gobierno —al mover repetidamente a los detenidos para evitar que obtengan órdenes de hábeas corpus— lo que llevó al tribunal a emitir la orden.

“Los jueces aquí no pidieron estar en esta posición poco envidiable”, dijo Sample. " Frente a opciones imperfectas, han tomado una decisión completamente razonable y cautelosa para controlar modestamente a un poder ejecutivo que está decidido a eludir cualquier apariencia de proceso imparcial”.