Desde hace unos meses, el sacerdote jesuita Marcelo Pérez Pérez sabía que su activismo estaba causando incomodidad entre los grupos de poder y bandas criminales que operan en la región de Los Altos de Chiapas, en el sureste de México.

Su labor como párroco en comunidades indígenas, pero principalmente su papel de mediador en conflictos, le habían causado problemas con los grupos que se sentían perjudicados por la movilización social que Pérez generaba.

“He luchado en contra de las injusticias, luchamos por la paz, en Simojovel le pusieron precio a mi vida”, dijo en una entrevista en agosto pasado con el diario El Heraldo de Chiapas.

“Hay mucha violencia, pero seguimos construyendo la paz. Hemos acompañado a los desplazados, me ha tocado mediar para liberar a funcionarios públicos, seguiremos en la lucha por los pobres, es un mandato divino”.

Pérez no pudo continuar con su vocación, pues en la tarde del domingo fue asesinado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Sicarios a bordo de una motocicleta lo emboscaron cuando conducía su auto después de oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali, en la segunda ciudad más importante del estado de Chiapas. Tenía 51 años de edad. 

Decenas de personas se sumaron al cortejo fúnebre del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas.

Su asesinato fue denunciado por numerosas organizaciones de derechos humanos, autoridades y la Compañía de Jesús, la congregación católica de la que era parte.

“El padre Marcelo ha sido un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas durante décadas, defendiendo la dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera”, señaló la organización religiosa en un comunicado.

“Rechazamos cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados. (…) Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que respondan con firmeza y restauren el orden y el estado de derecho”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que desde el domingo fueron iniciadas las investigaciones para dar con los responsables del crimen.

“Lamentamos el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer, la secretaria de Gobernación (Interior) estuvo en comunicación con la Diócesis y las autoridades eclesiales. Estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”, dijo Sheinbaum este lunes.

El asesinato ha vuelto a poner la atención nacional en un estado que ha experimentado un rápido deterioro de la seguridad.

Pérez solía alertar que Chiapas era “una bomba de tiempo”.

El padre de los Altos

Hijo de unos campesinos indígenas tzotziles, Pérez se inició en la vida religiosa desde joven. En 2002 se ordenó en el sacerdocio animado por Felipe Arizmendi, quien durante dos décadas fue obispo de Chiapas y un fuerte líder de las comunidades religiosas del estado.

Pérez estuvo al frente de la parroquia del pueblo de Chenalhó durante sus primeros 10 años de servicio, y una década más en la de Simojovel, ambas en la región de Los Altos de Chiapas.

En ese periodo fue cuando el sacerdote se empezó a involucrar en la mediación de disputas entre grupos sociales. Una de las más fuertes, que han implicado violencia, ha sido durante años la del control político del gobierno local de Panthelhó, municipio vecino de Chenalhó.

Un grupo de poder identificado como “Los Herrera” fue señalado de tener pactos con bandas de criminales locales. Para enfrentar los despojos, las extorsiones, los desplazamientos forzados y las desapariciones de personas, comunidades indígenas conformaron el grupo de autodefensa llamado “El Machete”.

Marcelo Pérez se convirtió entonces en un mediador de las disputas. Pero varios casos de violencia, incluido uno en el que desaparecieron 21 personas, hicieron que Pérez fuera visto entre los bandos en disputa como parte del contrario. 

Pérez se ordenó sacerdote en 2002 y trabajó durante 20 años en Los Altos de Chiapas.

Incluso la Fiscalía General de Chiapas emitió una orden de detención contra Pérez -que nunca fue ejecutada- por el caso de los 21 desaparecidos. Para él, sin embargo, se trataba de malos entendidos por su activismo a favor de las víctimas de la violencia.

“Intervenimos para mediar, para pacificar. Nunca generamos violencia, jamás. Aun cuando es muy visible el trabajo que hacemos, hay una orden de aprehensión que me sacó el gobierno. Pero son acusaciones falsas, porque tenemos un mandato divino que es defender los derechos humanos, defender la vida”, le dijo a El Heraldo de Chiapas.

Su salida de la región

A la situación de disputas y violencia local se sumó la disputa que desde 2021 han mantenido grupos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de migrantes en la frontera entre Chiapas y Guatemala.

Marcelo Pérez fue trasladado por su Diócesis a una parroquia de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ante las constantes amenazas que recibía.

Pero no detuvo su activismo. Este año fue uno de los sacerdotes que encabezaron una manifestación a favor de la paz para las comunidades como líder de una organización religiosa llamada Pastoral Social de la Provincia de Chiapas.

“Creo que Chiapas es una bomba de tiempo. Si no se toman medidas contundentes desde el gobierno y desde los pueblos, Chiapas va a estar sometido y esclavizado por el crimen organizado. Pero creo firmemente que sí podemos organizarnos, podemos hacer algo para no quedar sometidos”, dijo en ese momento.

Más allá de los conflictos que presenció directamente, denunció que la violencia se había extendido por buena parte del estado, como activistas más allá del ámbito religioso han denunciado.

Según cifras oficiales, de enero a agosto, el estado registró alrededor de 500 homicidios, frente a los 309 del mismo período del año anterior.

“En muchas comunidades, municipios, realmente la violencia ya no se aguanta. Hay muchos muertos, muchos desplazados. Hay muchos levantones (secuestros). Hay muchos que están refugiados en las montañas”, señalaba Pérez a la prensa.

Su muerte ha sido denunciada por numerosas organizaciones, incluida la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH), que trabajan por la pacificación en Chiapas.

“El asesinato del padre Marcelo es absolutamente inaceptable. Su labor era ampliamente reconocida por los pueblos indígenas en Chiapas, y también a nivel internacional. A pesar de contar con medidas de protección y de las constantes denuncias sobre las agresiones que enfrentaba, éstas resultaron insuficientes para impedir su asesinato”, dijo Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.

“El padre Marcelo era un referente en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia para Chiapas; su pérdida es irreparable y nos reitera la necesidad de implementar medidas estructurales que cambien el contexto de violencia que sufren algunas regiones de Chiapas.”