Gabriela Nieves Robles, una patóloga del habla de 34 años, dice que notó los primeros síntomas a finales de 2020, cuando su madre, Ana, quien hoy tiene 63, comenzó a repetir las mismas anécdotas una y otra vez.
“Un día me decía que había ido al shopping y que se había comprado una camisa azul. Al siguiente día me comentaba: ´¿adivina qué? Fui al shopping y compré una camisa azul´. Yo le decía que ya me lo había contado y ella respondía que no se acordaba”, relata desde Toa Baja, una ciudad del norte de Puerto Rico.
Al pasar las semanas también se dio cuenta de que su progenitora olvidaba cosas simples, como pagar las deudas, los cumpleaños y las tareas de la casa.
“Durante la pandemia [del covid-19], ella sufrió un derrame ocular. Yo estaba 100% segura de que eran los efectos de ese evento que ocurrió en febrero de 2020”, agrega.
Pero los síntomas continuaron, así que decidió buscar a un médico. Llamó a uno, dos, tres neurólogos y ninguno tenía espacio para atender a su madre, porque sus calendarios estaban llenos hasta finales de año.
En septiembre, la décima neuróloga que contactó aceptó ver a Ana. El proceso, sin embargo, no sería expedito.
Ana tuvo que esperar cuatro meses para su primera cita. Desde que comenzaron sus problemas de memoria hasta que vio a la doctora por primera vez pasó casi un año.
Aun así, Gabriela piensa que tuvieron “suerte”.
Lo afirma porque desde hace más de dos décadas el sistema de salud de Puerto Rico atraviesa una crisis progresiva, en gran parte causada por la escasez de profesionales sanitarios, que se marchan en busca de mejores salarios y beneficios, y para escapar de los escollos que les imponen las aseguradoras locales.
Al mismo tiempo, los profundos cambios demográficos de la isla, entre otros factores, como la adopción de nuevos protocolos médicos en los que se prioriza el cuidado ambulatorio, ponen en aprietos a algunos hospitales, que optan por declararse en bancarrota o reducir sus servicios para poder seguir operando.
"Desde 2011, Puerto Rico perdió casi 600.000 personas que se han mudado a EE.UU., además de la baja natalidad", dice Julio Galindez, un contador que trabaja ofreciendo servicios al sector sanitario desde hace más de tres décadas.
Menos pacientes supone menos ingresos para los centros de salud. Estas instituciones también lidian con las bajas tarifas que pagan las aseguradoras, asegura Galindez.
Según él, un estudio que realizó su empresa junto a la firma de análisis económico Estudios Técnicos reveló que 8 de cada 10 hospitales en Puerto Rico operan en déficit.
Expertos aseguran que la falta de trabajadores sanitarios provoca una sobrecarga de las oficinas médicas, lo que a su vez retrasa la atención primaria, los diagnósticos y los tratamientos.
Como le ocurrió a Ana, otros puertorriqueños le contaron a BBC Mundo que tardaron más de un año en ver a especialistas como cardiólogos y dermatólogos.
En el caso de la madre de Gabriela, al llegar a la neuróloga fue tratada por demencia progresiva, pero los fármacos que le recetaron no surtían efecto.
Al año siguiente decidieron realizarle pruebas más profundas, que ellas mismas tuvieron que costear a un precio de US$4.000.
Los seguros médicos se negaban a pagarlas porque decían que la mujer era muy joven para estar en riesgo de sufrir ciertos tipos de condiciones neurodegenerativas.
El miedo de Gabriela, la razón por la que insistía para que su madre viera a un médico y recibiera tratamiento lo más pronto posible se hizo realidad: Ana tenía alzhéimer.
De acuerdo con Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en el territorio estadounidense hay alrededor de 9.000 médicos en activo (la mitad que hace 20 años) para una población de 3,2 millones de personas.
Al menos se necesitan 6.000 profesionales más para atender las necesidades de salud de la isla.
“Los médicos están viendo 40 y 50 pacientes diarios, con citas dentro de siete u ocho meses”, explica el cardiólogo. “Eso no sucede en otros lugares de EE.UU., donde se ven 15 o 20 pacientes en un día”.
Algunas especialidades, como las pediátricas y las relacionadas a la cirugía, están en un estado crítico.
“En Puerto Rico solo hay un neurocirujano pediátrico”, comenta.
En los hospitales y salas de emergencia la historia no es diferente.
“No damos abasto”, afirma Hiram Rodríguez Torres, un internista que trabaja en un hospital cuidando pacientes con problemas agudos.
La escasez no es solo de médicos. Los trabajadores de enfermería, tecnólogos y terapeutas también están dejando la isla, sostiene.
Una de las razones por las que los profesionales de la salud se van de Puerto Rico son las bajas tarifas que pagan las aseguradoras (menos de la mitad que en el resto de EE.UU.), en lo que Rodríguez Torres y otros conocedores del tema describen como “el control absoluto de estas compañías sobre el sistema de salud en general”.
A grandes rasgos, el sistema sanitario en Puerto Rico es financiado de forma híbrida, explica Carlos Díaz Vélez.
Una parte, a la que pueden acceder las personas de escasos recursos y los mayores de 65 años, es sufragada con fondos provenientes de los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU., mientras que la otra es privada. En este último caso, los ciudadanos contratan aseguradoras, muchas veces con una aportación de sus empleadores.
Pero los fondos públicos desde la década de 1990 son destinados también a un grupo de aseguradoras privadas, contratadas para que administren el dinero y paguen por los servicios que recibe la población más desfavorecida.
“Ahí fue que comenzaron los problemas”, comenta Díaz Vélez. “Porque la salud pasó a ser vista como un producto, donde la oferta y la demanda imperan”.
Para tener ganancias, las aseguradoras buscan abaratar costos. No solo con las tarifas, que muchas veces incluso pagan de forma tardía, sino que también imponen trabas en la relación entre el médico y el paciente.
Rodríguez Torres explica que, por ejemplo, en ocasiones niegan ciertos análisis o fármacos y piden que sean justificados a través de documentos que debe completar el mismo médico.
Esto impone una carga más sobre los trabajadores de la salud, comenta el cardiólogo. Y es también un golpe a su criterio profesional.
Están desmoralizados, exhaustos y preocupados.
El médico internista se arriesga a decirlo: “Yo siento que están dejando morir a nuestra gente”.
Una investigación publicada en 2023 por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI) y el periódico estadounidense The Washington Post respalda las palabras del doctor.
De acuerdo con el reportaje, elaborado con una base de datos obtenida por el CPI del Registro Demográfico de Puerto Rico, en 2022 murieron más personas en la isla que en cualquiera de los 20 años anteriores.
En concreto, ese año hubo 35.400 fallecimientos de los cuales 3.300 fueron en exceso a lo esperado.
La cifra es incluso mayor a las muertes ocurridas en 2017, cuando el poderoso huracán María devastó la isla.
“Vimos un patrón extraño”, explica en entrevista con BBC Mundo Omaya Sosa Pascual, editora y periodista del CPI, organización que precisamente develó luego del ciclón María que en Puerto Rico habían muerto miles de ciudadanos y no los 69 que contabilizaba el gobierno.
“La pandemia no había terminado, pero el momento más grave había pasado y en Puerto Rico había vacunas y medicamentos, así que esa no debía ser completamente la razón”, señala.
